Unión Europea

Los jóvenes con discapacidad reivindican su derecho a "la libertad de movimiento por toda la UE", como el resto de europeos

28/02/2022

La secretaria general de las Juventudes de Unidad Progresista (UP) de la ONCE, Raquel Correa, y el presidente de la Comisión de Juventud del CERMI, Guillermo Fernández, exigieron que el principio de la libertad de movimiento entre todos los Estados miembro de la UE sea una realidad también para este colectivo y criticaron la falta de accesibilidad de muchos medios de transporte, servicios y tecnologías.

Así lo dijeron durante su participación en un Diálogo organizado por Servimedia en el marco del proyecto #TúEresEuropa, que esta agencia de noticias desarrolla con financiación del Parlamento Europeo para hablar del proceso de consulta a los ciudadanos puesto en marcha con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

 En el encuentro, los dos relataron las dificultades que una delegación española de jóvenes con discapacidad se encontró a la hora de participar en el European Youth Event (EYE) que cada dos años se celebra en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Desde los problemas para volar que una usuaria de silla de ruedas tuvo con la aerolínea, a la falta de plazas para movilidad reducida en los trenes, pasando por el precio desorbitado de un taxi adaptado.

 A su juicio, la creación de un intergrupo de discapacidad dentro de estos programas juveniles ayudaría “a diseñar las actividades para que desde el principio tuviesen en cuenta las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad”.

Perder oportunidades

Según Correa, “la Bauhaus europea que queremos debe ser 100% accesible a todas las personas con discapacidad” y en la actualidad esto no es así. Por ello, reclamó un plan de acción para desarrollar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, llamado a “garantizar la participación de los jóvenes con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad europea”, como el empleo y la educación.

 Indicó que la falta de accesibilidad actual y los problemas de movilidad que conllevan afecta a la participación de los estudiantes con discapacidad en los proyectos europeos Erasmus+ y en otras iniciativas de movilidad, que “ofrecen grandes oportunidades de desarrollo y experiencia profesional”.

Por su parte, Fernández denunció también los obstáculos a la libre movilidad que las personas con discapacidad se encuentran en su día a día, ya sea en el ámbito local o a escala europea.

 Defendió, además, el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones en la educación, el empleo, la vivienda, el ocio y la cultura, ámbitos en los que hace falta “asegurar la accesibilidad universal” como primer requisito.

Puso el ejemplo de la universidad, donde la proporción de estudiantes con discapacidad es muy limitada, y lamentó que “aún existen muchas barreras físicas” y de otro tipo que dificultan la llegada y permanencia de estas personas a la Educación Superior.

Esto tiene repercusión a su vez en el empleo y reclamó políticas públicas para asegurar la igualdad y la no discriminación en el mercado laboral. En esta línea, instó a las administraciones públicas a “ser ejemplares” en sus convocatorias de empleo público “y respetar siempre la cuota reservada para las personas con discapacidad, en todas las categorías y escalas”.

 Fernández pidió “empleos dignos con sueldos adecuados”, similares a los del resto de ciudadanos, para que las personas con discapacidad puedan acceder a una vivienda y llevar una vida independiente.

 Entre otras propuestas, defendió la aprobación de una normativa que "garantice los apoyos que las personas con discapacidad necesitan para disfrutar de una educación de calidad e inclusiva, más allá de la infancia y la adolescencia"; la creación de unidades de apoyo a estudiantes con discapacidad en todas las universidades europeas, y asegurar una reserva mínima para personas con discapacidad en las promociones de vivienda pública.

 En el diálogo participaron también las eurodiputadas Soraya Rodríguez (Ciudadanos) y María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos), que reconocieron "la justicia de todas estas demandas" y los problemas de accesibilidad y de movilidad en la UE para este colectivo.

 De hecho, confiaron en que las futuras directivas sobre igualdad de trato y de cuidados, la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030 y la Tarjeta Europea de Discapacidad prevista para 2023 impulsen su participación en la vida social comunitaria en igualdad de oportunidades.